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La protección del denunciante

La protección del denunciante

En lo sucesivo, las organizaciones deberán establecer un sistema de alerta interna para recoger informes de los empleados sobre la existencia de conductas o situaciones contrarias al código de conducta de la empresa.

Ello supone la elaboración de procedimientos claros y la identificación de las personas responsables de recibir esos informes.

Según la ley, un denunciante es "una persona física que revela o informa, de manera desinteresada y de buena fe, de un delito o falta " cometido en la empresa u organización en la que trabaja.

El denunciante no debe actuar por motivos de queja personal o con la esperanza de recibir alguna recompensa.

También se preocupan las personas que denuncian "una violación grave y manifiesta de un compromiso internacional (...) de Francia, o una amenaza grave o un perjuicio para el interés general".

El alcance de la información en cuestión es, pues, extremadamente amplio, ya que sólo se excluyen del sistema de alerta los hechos, la información o los documentos amparados por el secreto médico, el secreto de defensa o el secreto de las relaciones entre un abogado y su cliente.

El autor de la alerta puede ser un colaborador interno de la empresa, pero también puede ser externo: trabajador temporal, pasante, proveedor de servicios o subcontratista.

Para que la alerta sea admisible, debe seguirse escrupulosamente el procedimiento de denuncia establecido en la empresa. Este procedimiento es obligatorio tanto para los funcionarios públicos como para los empleados del sector privado.

La ley prevé un procedimiento de alerta graduada, con tres niveles.

1. Alertar a un referente: un superior jerárquico o un tercero designado por la empresa (empresa especializada, bufetes de abogados...), aportando el expediente de recogida de pruebas y testimonios, constituido previamente para apoyar la alerta.

2. Alertar a una autoridad judicial o administrativa, o al órgano profesional competente, a falta de respuesta en un plazo denominado "razonable", definido por la empresa.

**3. Hacer pública la alerta con los medios de comunicación, si no se ha tratado en 3 meses.

Obsérvese que la autoridad administrativa independiente, el "Défenseur des Droits", también está ahí para ayudar y asesorar a los denunciantes.

El 16 de abril de 2019 el Parlamento Europeo aprobó una importante directiva en favor de la protección de los denunciantes de irregularidades.

Así pues, las nuevas normas se transpondrán en toda Europa para 2021, garantizando :

  • un mayor nivel de protección para el denunciante
  • la protección se extiende a aquellos que ayudan al denunciante...
  • la libertad de elegir el canal de denuncia más apropiado...
  • la prohibición de todas las represalias contra el denunciante...
  • la obligación de tener acceso a un asesoramiento jurídico gratuito e independiente

Por consiguiente, estas normas complementarán gradualmente la legislación vigente:

  • la identidad del denunciante no puede ser revelada excepto a la autoridad judicial y con el consentimiento de la persona interesada...
  • La responsabilidad penal queda excluida si se sigue el procedimiento de advertencia y la advertencia es "necesaria y proporcionada para salvaguardar los intereses en juego".

Por último, el denunciante está protegido contra las acciones de su empleador, en particular en caso de despido improcedente, que podría ser anulado.